El derecho Energético se fundamenta en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes que se crean para dar garantía a su cumplimiento y los reglamentos que emanan de estas; así como los decretos que fortalecen su aplicación.
Requiere de otros brazos legislativos que complementan su estructura interdisciplinaria, ya que al tratarse de la comercialización de recursos que son propiedad de la nación y genera rendimiento a empresas del estado, es indispensable que se opere con transparencia los mecanismos que favorezcan la libre competencia y contar con un marco regulatorio que permita satisfacer los intereses públicos y privados de nacionales y extranjeros para los cuales se crearon.
Estos intereses cada gobierno en turno tiene la posibilidad de jerarquizar las metas de acuerdo a su política publica y puede tener perspectiva de inclusión social, adoptar ideologías de tendencias geopolíticas capitalistas, fomentar un superávit económico en las empresas de estado o buscar mayor certidumbre ambiental.
Actualmente los órganos reguladores sirven de arbitro para garantizar la sana competencia en el Mercado de Energéticos en Mexico brindando certidumbre en inversionistas y el Estado de Derecho usando como mecanismos Contratos con Particulares y Concesiones dentro de la cadena de valor.
La actual estructura legislativa establece las bases para que los gobiernos pueden medir su coherencia con el compromiso de reducción de GEI y la Salud Publica, a través de Leyes como la de Transición Energética que establece como meta el 35% de producción con Fuentes de Energia Renovables alineado con ODS 7 y el refrendo de permanencia en el Acuerdo de Paris.
